El proyecto de Ley Ómnibus, el mega DNU y el protocolo antiprotestas atentan contra los Derechos de niñas, niños, niñez y adolescentes

El gobierno de Milei se lleva puesto a la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061.

A pocos días de asumir, el gobierno de Milei avanzó de manera arrasante contra el sistema democrático al pretender reformar y derogar 300 leyes sancionadas por el Congreso Nacional mediante un mega Decreto de Necesidad y Urgencia.

En la misma línea, días después, presentó la llamada Ley Ómnibus con más de 600 artículos que pretenden reformar muchísimas leyes garantes de los derechos de diversos sectores sociales y temáticas que afectan al pueblo.

Este paquete de reformas propone una cantidad abrumadora de modificaciones contrarias a las garantías consagradas constitucionalmente y que afectan directamente los derechos de niñas, niños, niñes, adolescentes y sus familias.

El objetivo de estas reformas es promover un programa económico que beneficia a unos pocos, eliminar derechos conquistados y mantener el orden social en base a la represión.

No ingenuamente, apenas horas antes de presentar el DNU, el Ministerio de Seguridad publicó un protocolo para el “mantenimiento del orden público” con el objetivo de amedrentar, reprimir, desgastar e inmovilizar a los sectores sociales que no estamos dispuestos a avalar que se hipoteque el presente y el futuro del país.

Estas reformas niegan a niñas, niños, niñes y adolescentes derechos fundamentales, restableciendo viejas y derogadas concepciones en las que el Estado arbitrariamente puede separarles de sus familias. Además, buscan prohibir su participación en manifestaciones para reclamar justamente por los derechos que se les arrebatan, desconociendo así el derecho a organizarse, a que se les escuche y a reclamar, como lo define la propia Convención de los Derechos del Niño.

También buscan aplicar una reforma laboral que incrementará la precariedad del pueblo trabajador, afectando a las familias, a les jóvenes que ingresan a trabajar (y lo harán bajo condiciones cada vez más precarizadas) y profundizará, con creces, la situación de vulnerabilidad en la que ya se encuentran niñas, niñes, niños y adolescentes.

Asimismo, estas reformas deterioran el derecho a la educación generando condiciones para su arancelamiento. Atacan los derechos de familias migrantes, al punto de criminalizarles cuando ejercen su derecho a protestar. Desfinancian el sistema salud con la derogación de leyes fundamentales para regular el mercado farmacéutico y el acceso a la medicación y cobertura integral. Deterioran el sistema de protección de derechos de la niñez reduciendo la planta de quienes trabajan en el mismo. Permiten la expulsión de infancias y adolescencias indígenas y sus familias de sus territorios. Asimismo, resultan regresivas respecto de los derechos reconocidos en la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; mientras que, por otro lado, exponen a las personas embarazadas a verse obligadas a trabajar hasta último momento de la gestación, entre otros aspectos.

De concretarse estas reformas, dejarán a niñas, niños, niñes y adolescentes, sin posibilidad de acceso a la cultura, en tanto se cerraría el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de la Artes, y se desfinanciaría el cine nacional y la música, las bibliotecas populares y los medios de comunicación comunitarios. Además, al derogar y modificar la ley de tierras, de minería, de bosques y de manejo del fuego, incidirá negativamente sobre las ya devastadas condiciones ambientales y las posibilidades de acceder al agua potable y a un ambiente sano para garantizar el presente y el futuro de toda la comunidad.

En los hechos, pretender modificar 300 leyes por DNU y tratar leyes “ómnibus” con temas de la más diversa índole, atenta contra la división de poderes y las intervenciones del Poder Legislativo distorsionando su funcionamiento y privando de participación a todo el arco político elegido por el voto popular e impidiendo las instancias de participación social que allí se propician.

En definitiva, lejos de un avance de la libertad, al otorgarle poderes exorbitantes al Ejecutivo, se trata de un avance de la opresión económica y represiva.

Por último y no menor, la implementación del DNU y el proyecto de Ley “Ómnibus”, sería conceder un poder extraordinario al poder ejecutivo, por dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más.

Por todo esto, nos y les convocamos a quienes trabajamos, criamos y/o militamos con niñas, niños, niñes y adolescentes por el ejercicio y la defensa de sus derechos, sabiendo que estas reformas conducen a acentuar las desigualdades y precarizar más aún las vidas de las nuevas generaciones. Y, también convocamos a niñas, niños, niñes y adolescentes a que se acerquen, junto a quienes quieran, para involucrarse en la defensa de sus derechos.

¡SUMATE A PENSAR ACCIONES POR Y CON LAS NIÑAS, NIÑOS, NIÑES Y ADOLESCENTES!
¡PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, NIÑES Y ADOLESCENTES Y QUE NO SE LLEVEN PUESTA LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS NI LA LEY 26061!

¡LOS DERECHOS NO SE TOCAN, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN Y SE AMPLÍAN!

¡SUMATE VOS! ¡SUMÁ A TU ESCUELA!

¡SUMATE CON TUS HIJAS E HIJOS, INVITALOS A PARTICIPAR!

¡LA SALIDA ES COLECTIVA!

Reunión abierta | Viernes 12/01 17.30 hs

Presencial | en Serpaj (Piedras 730, CABA).
Virtual | por zoom

CONVOCA «MESA DE ARTICULACIÓN DE NIÑEZ»

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